La creciente importancia del dato en la gestión de la tributación indirecta

Tanto el Plan Anual de control tributario y aduanero para 2020 como el Plan estratégico para 2020-2023 inciden en el compromiso de la Agencia Tributaria de seguir siendo intensiva en el uso de las nuevas tecnologías, proceso que está desembocando en una verdadera “Administración Tributaria digital” y las empresas, por obligación o por voluntad propia, están siguiendo el mismo camino.

La incorporación de nuevas tecnologías y nuevas fuentes de información tributaria está provocando una constante necesidad de adaptación y modernización por parte de los propios departamentos fiscales, y la tributación indirecta, como fiscalidad transaccional, se está viendo particularmente afectada.

Actualmente, ya es posible para muchas entidades obtener la declaración de IVA a partir de los libros de facturas, utilizando el programa de ayuda que agrupa los importes consignados en los Libros registro llevados a través de la sede electrónica de la AEAT (SII), y permite calcular sumas agregadas que correspondería declarar en el modelo 303. En este punto es importante destacar que cada dato incluido en una factura es visible para la Administración tributaria y también lo es cualquier posible incidencia. Las incidencias pueden venir provocadas por dos tipos de incoherencias:

  • Incoherencias externas: discrepancias entre los datos de facturación de una entidad y los de sus clientes y proveedores.
  • Incoherencias internas: discrepancias entre los datos de facturación de una entidad y sus propias declaraciones fiscales. Estas posibles diferencias resultan más evidentes en la propia declaración del IVA, pero los datos de facturación tienen implicaciones en muchas otras declaraciones con base transaccional (retenciones, operaciones vinculadas, etc.) y en todas se debe buscar un suficiente grado de coherencia.

Las incoherencias pueden tener múltiples causas, desde errores en la parametrización hasta diferencias temporales o distintas interpretaciones sobre el tratamiento de operaciones complejas. Pero en todo caso ponen de manifiesto algún tipo de incidencia.

Cada vez más, el fiscalista debe coordinarse con los equipos de sistemas y viceversa, ya que el cumplimiento de nuevas obligaciones tributarias puede requerir de adaptaciones informáticas, y a su vez cambios en sistemas pueden tener imprevistas repercusiones en el tratamiento fiscal declarado.

Si bien el proceso de presentación de declaraciones fiscales se está automatizando de manera progresiva, no obstante la definición del adecuado tratamiento fiscal de las transacciones empresariales, especialmente para las organizaciones que realizan operaciones en distintos sectores de actividad o sujetas a un tratamiento especial (con aplicación de exenciones, tipos reducidos, inversión del sujeto pasivo, no sujeción, regímenes especiales, etc.), sigue siendo altamente compleja y requiere de un análisis detallado.

A medida que desaparece la distancia entre el momento en que los sistemas informáticos generan un dato y el momento en que ese dato se declara a la Administración tributaria, el trabajo del fiscalista, tradicionalmente volcado en la posterior “declaración” del dato, debe anticiparse a ese momento anterior de generación del dato; de otro modo, las correcciones a posteriori resultarán más costosas y habrán puesto de manifiesto incoherencias que, convienen insistir, ya habrán sido declaradas.

Así, resulta cada vez más necesaria una gestión fiscal preventiva que trate de garantizar la calidad y coherencia del dato desde su origen, en particular, de la información contenida en las facturas, que será posteriormente objeto de un proceso declarativo más o menos automatizado. La cooperación entre departamentos fiscales y departamentos de sistemas resulta ya imperiosa para una adecuada gestión tributaria.

A la postre, el proceso de modernización debería contribuir a reducir cargas administrativas y paliar los excesivos niveles de conflictividad en el ámbito tributario, siempre y cuando las nuevas tecnologías se utilicen como canal de comunicación e intercambio bidireccional por parte de las empresas y la Administración. Al margen de las obligaciones que se derivan de este proceso, las entidades cumplidoras deberían poder aprovechar al máximo el potencial de los datos sirviéndose de los avances en inteligencia artificial, automatización y analítica de datos.

Juan Ortín,

Socio de Deloitte Legal

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